En boca de todos está ahora la famosa Reforma de la Ley del Aborto del ministro Gallardón, que en realidad se llama Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Sin embargo, ¿se trata realmente de una ley que protege la vida? No, y mucho menos de una ley que protege los derechos de la mujer embarazada. La reforma de la ley del aborto es un error y no debería llevarse a cabo.
La principal diferencia que introduce la reforma con respecto a la anterior legislación, conocida como la "ley a plazos", es que, mientras que antes la mujer era libre de abortar durante las primeras 14 semanas, ahora sólo podrá hacerlo en dos supuestos casos: uno, que exista un riesgo potencial para la mujer, cosa que deberán firmar por separado dos médicos distintos, y dos, que haya sido víctima de una violación.
En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para pensar de una manera y de la otra, y es comprensible, incluso bueno, que las sensibilidades y opiniones de la gente al respecto sean diferentes. Eso, el hecho de que existen diferentes opiniones, es algo totalmente respetable, pero una opinión deja de ser respetable en el momento en que atenta contra la libertad de otra persona; y eso es lo que hace esta reforma contra la libertad de las mujeres. Y es que, ¿quien más que la propia mujer embarazada tienes derecho a decidir sobre su cuerpo? La anterior ley del aborto, a diferencia de la nueva, como hemos dicho antes, reconocía un plazo en el que la mujer podía decidir libremente si seguir adelante o no con su embarazo; lo cual es la única forma de respetar los derechos fundamentales de la mujer embarazada.
Además, con la nueva legislación no se conseguirá que el número de abortos en España disminuya, sino que las diferencias entre pobres y ricos se acreciente en lo que al aborto se refiere. Es decir, que mientras que aquellas mujeres con el dinero suficiente para pagárselo podrán ir a Francia o Portugal para abortar allí, las mujeres con menos recursos económicos lo harán dentro del país, en peores condiciones (condiciones peligrosas) y fuera del marco legal.
Incluso la ultraderechista francesa Marine Le Pen ha dicho que no apoyaría en su país una ley del aborto como la de España y, asimismo, un gran número de políticos del mismo PP han mostrado su desacuerdo, parcial al menos, frente a la reforma. Según una encuesta realizada por Metroscopia, entidad perteneciente al diario El País, un 78% de los españoles encuestados opina que se trata de una reforma innecesaria.
En resumidas cuentas, se trata de una ley retrógrada que no protege la vida, porque un feto aún no es una persona, de la misma forma que aunque nosotros algún día vayamos a estar muertos aún no somos cadáveres, y supone una total vulneración de los derechos de la mujer embarazada. Es cierto que el Gobierno del PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, por lo que puede probar sin problemas la reforma que desee. No obstante, debe recordar que, como gobierno de España que es, tiene el compromiso y el deber de gobernar para todos los españoles y que obligar a la mujer a ser madre contra su voluntad no es algo democrático.
